7 de marzo de 2019.-
COMUNICADO DE PRENSA
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de la provincia de Buenos Aires y del departamento judicial San Isidro, frente a la conmoción pública por el caso de una persona detenida en el contexto de la comisión de un delito cometido mientras cumplía una pena dictada por un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, desea informar a la sociedad lo siguiente:
- La legislación vigente y los principios específicos del fuero penal juvenil establecen previsiones para que el final del cumplimento de la pena, las personas privadas de su libertad se inserten progresivamente en la sociedad con institutos tales como las salidas transitorias o la libertad condicional.
- En nuestro país existe un porcentaje importante de reincidencia: es decir que quienes son condenados por cometer un delito, cuando recuperan su libertad vuelven a delinquir incluso en esos periodos de adaptación. Ese es un dato estadístico, respecto del cual los Jueces tienen una incidencia muy baja, ya que las cárceles dependen del Poder Ejecutivo como así también no le es legalmente posible a los Magistrados establecer ni prever comportamientos futuros.
- Cada vez que ocurren hechos en los cuales una persona comete un delito y se encontraba en libertad por orden de un Juez, se lo responsabiliza por esa situación, cuando la realidad pone en escenario al régimen penal juvenil en su conjunto, tanto desde el aspecto legislativo como el de las formas de cumplir las pena a cargo del Poder Ejecutivo.
- Es imprescindible asumir e informar que los Jueces deben cumplir con la ley y con los tratados internacionales. Ningún juez puede evitar la reincidencia ni prever quién incurrirá en ella, cuándo, ni de qué manera.
- En este contexto, la corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual los Jueces deben respetar en sus decisiones, ha dicho que el sistema penal juvenil vigente en nuestro país establece que la reiteración delictiva de una persona cumpliendo pena es un riesgo posible dentro de un objetivo mayor como lo es la resocialización, teniendo en cuenta que el Estado decide apostar a una sociedad que pueda valorar y creer en la reinserción de un joven en conflicto con la ley penal, como lo indica la Convención de los Derechos del Niño.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia en conjunto con el de San Isidro, ratifica su compromiso permanente con el fortalecimiento de las instituciones del estado constitucional de derecho como única vía de reproche a la actuación de Magistrados y ofrece su colaboración irrestricta para mejorar nuestro sistema de responsabilidad penal juvenil que se está debatiendo en el ámbito del Congreso de la Nación