COMUNICADO DE PRENSA

La Plata, 29 de mayo de 2017.-

 

 

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, expresa su público rechazo a la decisión unilateral del Poder Ejecutivo provincial de efectuar un adelanto salarial, retroactivo al mes de marzo.

Pretender reemplazar con decisiones unilaterales el diálogo y la negociación que merecen los funcionarios y magistrados, y que son aludidos permanentemente por las autoridades políticas provinciales como marca de su estilo de vinculación con los ciudadanos, habla de su escasa vocación por mejorar el servicio de justicia.

Recordamos que en lo que va del año no nos hemos reunido con los ministros de las áreas involucradas para discutir la política salarial; nunca hemos sido recibidos por la Gobernadora en toda su gestión; y no se han cumplido los compromisos firmados el año pasado por este Colegio y los ministros de Justicia, Economía y Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto hacemos pública nuestra posición, en calidad de representantes de los Funcionarios y Magistrados de esta provincia:

  1. Reclamar el cumplimiento de la Cláusula Tercera, firmada en el acuerdo salarial del año pasado, que prevé la constitución de la Mesa Técnica de Política Salarial y la incorporación de un porcentaje de incremento de los salarios de los Funcionarios y Magistrados tendiente a alcanzar la Equiparación Salarial con la media de las 4 jurisdicciones mejor remuneradas (Justicia Nacional; Justicia de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y CABA).
  2. Exigir el pago del 1% de recomposición que se adeuda desde el año 2016.
  3. Aprobar el adelanto del 10% del salario, retroactivo al mes de enero, con sostenimiento de la “cláusula gatillo”, a fin de asegurar la garantía constitucional de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados.

 

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado público a las autoridades políticas a poner fin a la postergación salarial e infraestructural en la que se encuentra la justicia local, que ocupa los últimos lugares en la escala que la compara con sus pares del resto del país.